Biden ya predijo la guerra judicial de Trump y creó su propia 'armada legal' hace meses

Pasó desapercibido ante la repercusión que adquirió el tuit en el que Donald Trump pedía detener el recuento. Pero Joe Biden también utilizó la red social preferida del hasta ahora inquilino de la Casa Blanca para pedir a los suyos apoyo económico a través de Biden Fight Fund, un fondo en el que las principales aportaciones se utilizarán para sufragar los litigios que surjan del recuento electoral.

Aunque el candidato demócrata lanzó el mensaje en redes en la mañana del 6 de noviembre, la estrategia para blindarse judicialmente ante las posibles acusaciones de fraude electoral por el equipo de Trump no es ni mucho menos nueva.

En septiembre, medios de comunicación anglosajones a ambos lados del Atlántico, The New York Times, en EEUU, y The Guardian, en Reino Unido, ya informaban de que Biden andaba reclutando un ejército de abogados para ofrecer batalla legal ante el proceso que iba a comenzar el mismo día de las elecciones si el Partido Republicano no resultaba vencedor en la noche del Supermartes electoral.

Ante esta amenaza, el equipo de campaña se Joe Biden se blindó con la formación Unidad de Litigios Especiales, una plataforma que vela por la integridad electoral dirigida por Dana Remus, profesora de Derecho en la Universidad de California y supervisora de las decisiones del juez republicano Samuel Alito, miembros de la Corte Suprema de EEUU y asesora general de campaña de Biden.

A los mandos de este comité estará también Robert Bauer, abogado de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama junto a Donald B. Verrilli Jr, Walter Dellinger y Eric Holmer, exfiscales generales de EEUU.

Esta plataforma servirá como una especie de enlace entre la campaña del candidato Biden y los muchos grupos independientes involucrados en la lucha legal por las elecciones, que ya está causando estragos en los tribunales.

"Seremos capaces de celebrar elecciones libres y justas en noviembre. Estamos reforzando la protección al votante con un equipo de miles de abogados y voluntarios sin precedentes en todo el país para garantizar que la votación se desarrolle sin problemas", señaló Remus sobre la Unidad de Litigios Especiales del candidato demócrata.

A disposición de este comité ha puesto sus letrados Marc Elias, socio director del área de políticas públicas de Perkins Coie, bufete de abogados estadounidense fundado en 1912, declarado abiertamente demócrata, que en 2019 alcanzó unos ingresos superiores a los 900 millones de euros, situándose en el puesto 54 como la firma legal con mayor volumen de negocio del mundo.

Elias es un reputado abogado que ha liderado demandas en todo el país para limar las trabas que el sistema electoral estadounidense establece en la votación.

Por ejemplo, el socio director del área de políticas públicas Perkins Coie ha batallado para extender los plazos de recepción de votos, exigir que se pague a los funcionarios electorales por adelantado, que los voluntarios puedan recoger y llevar hasta los colegios los votos por correo y otorgar capacidad a los funcionarios para que ayuden a los votantes a subsanar cualquier defecto en su papeleta por correo antes de que sea rechazada.

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La opinión de los miembros del Partido Demócrata es que este tipo de medidas son más importantes que nunca tras la impugnación de miles de votos por parte del equipo de campaña republicano, liderado por la plataforma Lawyer for Trump, que está denunciando las papeletas marcadas con rotulador, las que el trazo de la firma del votante no se corresponde con las archivadas de forma electrónica en los registros municipales o aquellas que no llevan un doble sello de un condado específico.

Las alarmas de fraude electoral lanzadas por Trump no son cosa de 2020, aunque las circunstancias en las que se han desarrollado por el Covid-19 hayan avivado las denuncias. El actual presidente de EEUU señaló que, en 2012, votantes fallecidos ayudaron a reelegir a Barack Obama. También afirmó que perdió el estado de New Hampshire porque sus votantes fueron trasladados en autobús hasta el colegio electoral por los demócratas. Ya en 2018, su Administración creó una comisión de integridad electoral que se disolvió sin descubrir evidencia de fraude electoral generalizado.

Este año, a medida que se expande la votación por correo, Trump ha tratado de sembrar dudas sobre su legitimidad al establecer una falsa distinción entre la votación por correo universal y las jurisdicciones de aquellos estados que sólo permiten votar en remoto cuando el votante no puede acudir al centro electoral en persona por el motivo que sea.

Con el recuento electoral casi finalizado, y con Biden rozando la victoria, parece que ha llegado el momento de que los candidatos a ocupar la Casa Blanca dejen paso a los profesionales del derecho de uno y otro bando en una guerra que se resolverá en los tribunales.